Barrionuevo lidera un frente de 50 gremios que irá a la Justicia contra Caputo por $688.000 millones

Unos 50 sindicatos preparan una presentación judicial conjunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo. Según informaron los propios gremios, la denuncia penal apuntaría a un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. El objetivo es que se liberen unos $688.000 millones que, según sostienen, el Estado mantiene inmovilizados y que deberían ir al sistema de obras sociales sindicales.

La iniciativa está encabezada por Luis Barrionuevo, titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA). Cuenta además con el respaldo del Sindicato de Comercio. Según trascendió, un grupo de abogados trabaja en la redacción final del escrito, que se presentaría en las próximas horas.

De dónde sale el monto reclamado

Los gremios dividen el reclamo en dos partidas. La primera es de unos $288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución, que financia reintegros a las obras sociales por prestaciones de alta complejidad, medicamentos y discapacidad. Según los sindicatos, esa plata estaba depositada en un plazo fijo en el Banco Nación y creció con los intereses.

La segunda partida ronda los $400.000 millones y está colocada en Fondos Fima. Según el reclamo, proviene de un acuerdo de pago de OSDE por aportes de afiliados voluntarios al sistema de obras sociales.

Medicamentos y presión financiera

Además de pedir la restitución de los fondos, los sindicatos exigirán que el Gobierno actualice el nomenclador con el que el Estado reconoce el costo de ciertos medicamentos. Los dirigentes aseguran que esos valores están congelados hace casi tres años. Según ellos, por esa razón las obras sociales recuperan apenas el 10% de lo que gastan en farmacia y tratamientos de alta complejidad.

Los gremios también alertan sobre el desfinanciamiento del sistema. Según el informe que manejan, el 90% de los fondos de redistribución lo consumen las prestaciones por discapacidad, lo que deja poco margen para auxiliar a las obras sociales en alta complejidad. Muchos sindicatos, afirman, tienen que girar recursos de sus propias estructuras para no cortar los pagos a clínicas, sanatorios, profesionales y proveedores de medicamentos.

La presentación abre un nuevo frente de conflicto entre el Gobierno y un sector del sindicalismo por el financiamiento de la salud sindical. Por ahora no hay una respuesta oficial en la información disponible.