La Corte extendió a juicios en curso las pautas de actualización de deudas laborales de la reforma
La Corte Suprema ordenó aplicar el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802 a los reclamos que ya estaban en trámite cuando la norma entró en vigencia. El Gobierno celebró el fallo y lo presentó como una pauta común para todos los tribunales.
La Corte Suprema de Justicia resolvió que el artículo 55 de la Ley de Modernización Laboral 27.802 rige también para los créditos reclamados en expedientes que ya estaban abiertos cuando la reforma empezó a aplicarse. El alcance es para los juicios que todavía no tienen sentencia definitiva. El mismo criterio vale para los recursos de queja que aún no fueron resueltos.
El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, celebró el pronunciamiento en un comunicado. Según la cartera, el fallo «contribuye a la seguridad jurídica» y resguarda el derecho de propiedad. También sostuvo que ayuda a mantener los costos indemnizatorios dentro de márgenes razonables.
Cómo se calculan las deudas
El artículo 55 establece que los jueces deben actualizar los créditos laborales con intereses moratorios, calculados con la tasa pasiva que fija el Banco Central. La norma alcanza a los litigios sin sentencia firme y obliga a magistrados y autoridades administrativas a aplicarla, ya sea de oficio o a pedido de parte.
La ley también fija un piso y un techo para evitar resultados extremos. El monto actualizado no puede superar el capital original más el ajuste por IPC y un interés anual del 3%. Tampoco puede ser inferior al 67% de ese valor de referencia. Por tratarse de pautas de orden público, los jueces deben respetarlas.
El origen de la causa
El expediente llegó a la Corte después de que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declarara inválidas las leyes 23.928 y 25.561 en los puntos que impiden actualizar monetariamente las deudas. En ese caso, la Cámara había dispuesto aplicar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un interés anual del 3%. El máximo tribunal fijó ahora otra pauta: los créditos de procesos sin resolución definitiva deben ajustarse según la ley 27.802.
Según el Gobierno, la decisión permite unificar los criterios de juzgados y cámaras, que hasta ahora llegaban a resultados dispares al actualizar las deudas laborales. El fallo tiene impacto directo sobre los trabajadores con reclamos judiciales en curso, porque define con qué parámetros se calculan sus indemnizaciones.
