La Corte bonaerense convalidó el límite a la actualización de deudas laborales de la reforma

La Suprema Corte de Justicia bonaerense declaró constitucional el artículo 55 de la Ley 27.802, la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Lo hizo en la causa «Fernández, Hilda Noemí contra Ozuna, José Antonio. Despido» (L. 130.895). El voto principal fue de la jueza Hilda Kogan, y adhirieron Sergio Torres, Daniel Soria y María Florencia Budiño.

El tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad de una trabajadora despedida y ordenó liquidar su crédito con las pautas de la reforma. Ese mecanismo rige para los juicios que ya estaban en trámite y todavía no tenían sentencia definitiva.

Cómo funciona la banda de actualización

La regla general es aplicar la tasa pasiva que fija el Banco Central. Sobre esa base se establece un techo: el resultado no puede superar lo que surgiría de actualizar el capital histórico por el IPC del INDEC más una tasa del 3% anual. También hay un piso: la liquidación no puede ser menor al 67% de ese tope.

En los hechos, el trabajador puede cobrar hasta un 33% menos que lo que resultaría de aplicar inflación más 3% anual. La demandante cuestionó esa quita y la calificó como una transferencia injustificada a favor del empleador incumplidor.

Los argumentos de la Corte

La trabajadora sostuvo que convivían dos sistemas de actualización, uno para los juicios iniciados antes de la reforma y otro para el régimen general, y que eso violaba el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución. La Corte lo descartó. Sostuvo que la igualdad no impide al legislador dar tratamientos distintos a situaciones diferentes, si responden a criterios objetivos y razonables. Consideró además que distinguir entre situaciones anteriores y posteriores a una reforma es compatible con las reglas de aplicación temporal de las leyes del artículo 7 del Código Civil y Comercial.

Sobre el piso del 67%, los jueces entendieron que no licúa el crédito sino que funciona como garantía frente a una caída excesiva por la aplicación de la tasa pasiva. Para eso citaron el fallo «Vizzoti» de la Corte Suprema nacional y los precedentes provinciales «Bravo Elizondo» y «Monchiero». Recordaron que los trabajadores gozan de preferente tutela constitucional, pero que esa protección debe equilibrarse con la previsibilidad económica de las empresas.

Hubo además un punto probatorio decisivo. La trabajadora planteó en términos generales que su crédito se reduciría sustancialmente, pero no presentó una liquidación concreta ni cifras que mostraran un efecto confiscatorio sobre su derecho de propiedad. Para el tribunal, no alcanza con afirmar que una norma puede causar una pérdida: hay que demostrar cómo se verifica en el caso.

Una discusión que sigue abierta

El fallo fija el marco de cálculo obligatorio para los litigios en trámite en la provincia de Buenos Aires. Se suma a una disputa judicial con resoluciones dispares: algunas salas de la Cámara Nacional del Trabajo declararon inconstitucional el artículo 55 por considerarlo una «quita legal» que afecta la propiedad y la igualdad ante la ley, y otras lo avalaron. La incertidumbre se mantiene hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez definitiva de la norma.