Furlán se presentó ante Ercolini, negó irregularidades en el contrato con USEM y pidió ser sobreseído
El extitular de la UOM entregó un escrito en Comodoro Py en el que sostiene que «el hecho investigado no se cometió». Pidió además que se levanten la inhibición de bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad.

Abel Furlán, extitular de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), concurrió este miércoles a los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga el manejo de fondos del sindicato y de su obra social. Fue acompañado por su abogado, Alejandro Rúa, y presentó ante el juez federal Julián Ercolini un escrito en el que afirma que «el hecho investigado no se cometió». En ese texto pidió su sobreseimiento.
De qué se lo sospecha
La investigación apunta a una presunta «maniobra de administración infiel» sobre los recursos de la UOM y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica (OSUOMRA). El eje sería el contrato firmado con la empresa USEM S.A., vinculada a María Soledad Calle, empleada del gremio. Calle era dueña del 50% de la firma y su directora suplente.
Según la hipótesis judicial, contratar una sociedad creada 82 días antes de la firma y sin una estructura operativa acorde a la tarea podría configurar una maniobra para desviar fondos y beneficiar a los involucrados. Por esa causa pesan sobre Furlán una inhibición general de bienes y el bloqueo de sus cajas de seguridad.
La defensa del dirigente
En el escrito, Furlán sostiene que «no hubo nada irregular ni delictivo» y que tampoco hubo «ningún perjuicio patrimonial ni desatención de los intereses de los afiliados, ni administración fraudulenta o desleal, ni fraude».
Explicó que la UOM tenía antes un fideicomiso con el Banco Nación y un contrato de administración con la empresa Donington S.A., ambos firmados por 20 años. Cuando esos acuerdos vencieron, en 2022, el Consejo Directivo pidió «replantear la conveniencia o no de la renovación». Así se llegó al acuerdo con USEM, que según el dirigente se aprobó por unanimidad. «La contratación no fue una decisión personal, clandestina ni carente de antecedentes», escribió.
Furlán también dijo que la contratación era «necesaria», porque el convenio con el Banco Nación exigía designar una personería jurídica. Negó tener facultades para administrar los fondos y descartó un «conflicto de intereses». Sobre la reciente creación de la empresa, planteó que «que una sociedad haya sido organizada para atender una necesidad concreta no demuestra simulación». Y agregó: «Lo jurídicamente relevante es si tuvo existencia real, capacidad y actividad efectiva».
El escrito concluye que el contrato fue «un legítimo acto de administración del Secretariado Nacional, facultado por el Consejo Directivo y aprobado por el Congreso Nacional de Delegados». Con ese argumento, la defensa pidió a Ercolini que deje sin efecto las medidas cautelares y que sobresea al dirigente.
Qué sigue
Ahora Ercolini deberá evaluar si los planteos de Furlán alcanzan para desactivar las sospechas sobre el contrato con USEM. El caso ya había derivado en la suspensión de los comicios de la UOM, el desplazamiento de Furlán y de las autoridades, y la intervención del gremio. La intervención, además, suspendió el convenio con USEM.



